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Dzilam Méndez
Verónica Ruiz Lagier
Como resultado de la política militar guatemalteca conocida como “tierra arrasada”, aproximadamente 100,000 personas se refugiaron en el estado de Chiapas en 1982.
El 8 de octubre de 1992 se firman los acuerdos para llevar a acabo el retorno colectivo y organizado de los refugiados a Guatemala. A pesar de las enormes expectativas sobre el regreso a las aldeas y municipios de origen, cientos de refugiados habían sido ya despojados de sus tierras, y no lograron regresar a sus casas. Se les reubicó entre 1993 y 1995 en zonas ajenas, sin ninguna infraestructura y en tierras pobres sin oportunidad de ser cultivadas. Por esta situación muchos de los retornados decidieron regresar una vez más a Chiapas, y reunirse con la familia que se había negado a retornar. Esta decisión les costó ingresar sin ningún apoyo de las autoridades mexicanas, y por lo tanto, sin algún documento que los identificara como refugiados. Desde entonces viven con la familia sin ningún documento que los identifique como refugiados, migrantes o mexicanos. No existen en los informes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y mucho menos en los de la Secretaría de relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración.
El 8 de octubre de 1992 se firman los acuerdos para llevar a acabo el retorno colectivo y organizado de los refugiados a Guatemala. A pesar de las enormes expectativas sobre el regreso a las aldeas y municipios de origen, cientos de refugiados habían sido ya despojados de sus tierras, y no lograron regresar a sus casas. Se les reubicó entre 1993 y 1995 en zonas ajenas, sin ninguna infraestructura y en tierras pobres sin oportunidad de ser cultivadas. Por esta situación muchos de los retornados decidieron regresar una vez más a Chiapas, y reunirse con la familia que se había negado a retornar. Esta decisión les costó ingresar sin ningún apoyo de las autoridades mexicanas, y por lo tanto, sin algún documento que los identificara como refugiados. Desde entonces viven con la familia sin ningún documento que los identifique como refugiados, migrantes o mexicanos. No existen en los informes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y mucho menos en los de la Secretaría de relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración.
En 2005 la COMAR cerró el proceso de naturalización de los refugiados guatemaltecos. Una gran cantidad de refugiados-exretornados quedaron sin ningún documento que fuera capaz de comprobar su identidad y los casi 30 años que llevan residiendo en México. Sus actas de nacimiento fueron quemadas o destruidas por el ejército guatemalteco durante la guerra, y México les exige estos documentos para normalizar su estatus migratorio.
Cientos de familias continúan en las mismas condiciones de pobreza que cuando llegaron hace 30 años a México. Por no tener documentos se les niega a sus hijos y nietos el acceso a la educación, a la salud o a la compra de tierra. No pueden tener acceso a programas de asistencia pública y combate a la pobreza, tales como Oportunidades (del gobierno de Vicente Fox), Piso Firme (del gobierno de Felipe Calderón) o Cruzada contra el hombre (del gobierno actual).
Son, al igual que hace 30 años, los peones baratos de la población mexicana. No hay datos exactos de cuántas personas se encuentran en esta situación, pero se calcula que existen unas 600 personas sin ningún documento identitario en la franja fronteriza formada por los municipios chiapanecos La Independencia, Las Margaritas y La Trinitaria.
Para regularizar su situación migratoria se necesita aproximadamente 40 mil pesos que les permita trasladarse con testigos a Guatemala, y hacer trámites en México. ¿Cómo lograrlo si por día ganan de 35 a 60 pesos diarios?
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